La Fiscalía Superior de Andalucía ha incoado diligencias de investigación penal para esclarecer la supuesta entrega de mascarillas caducadas o defectuosas a personal sanitario de la comunidad autónoma, tras la denuncia que en este sentido ha realizado la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía.
Así lo han informado fuentes del Ministerio Público después de que la denuncia se recibiera el jueves y quedara registrada en la Fiscalía Superior, tras lo que se han incoado diligencias. En la citada denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato expone que el pasado 30 de abril tuvo conocimiento de la entrega a profesionales sanitarios por parte de la Junta de Andalucía de una partida de mascarillas quirúrgicas caducadas desde 2014, las cuales fueron supuestamente repartidas, al menos, en los centros de salud de la comarca de la Axarquía (Málaga).
La fecha de caducidad de estos productos «se encontraba tachada» y las mascarillas «forman parte de un quinto lote defectuoso distribuido a los profesionales sanitarios de Andalucía», según relata UGT, que alude en su denuncia a un informe en el que se expone que estas protecciones se recibieron en los almacenes del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y «procedían directamente de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud».
Según dicho informe ya en marzo de 2015 constaban en los envases de las mascarillas marca Confort Cover una señal negra, sin que se pensara por parte del personal de suministros que ocultara la fecha de caducidad.
