El Gobierno catalán se niega a cumplir las indicaciones del juez y tratará mediante un decreto ley tener competencias. Torra se niega a pedir al Gobierno la aplicación del estado de alarma, como le indicó el magistrado
«No aceptamos esta decisión judicial, asumimos las consecuencias»
Con estas palabras, Quim Torra desafiaba al juez que contravino la orden de confinamiento dictada por la Generalitat para los habitantes de Lérida y resto de comarcas afectadas por el decreto que obliga a los ciudadanos afectados a permanecer en sus casas desde la pasada noche.
Los vecinos que se encuentra en la dicotomía de acatar una u otra decisión, deben saber que los Mossos están acatando únicamente las decisiones judiciales, por lo que solo vigilan que se cumpla el confinamiento perimetral que desde el pasado 4 de julio les afecta. Mientras, el Gobierno catalán recomienda seguir las indicaciones de la Generalitat. De tal forma, que ante estas dos indicaciones, prevalece la dictada por el juez y los vecinos afectados no serán sancionados al carecer la Generalitat de cobertura legal para aplicar la medida. El confinamiento domiciliario, más que una imposición de Torra, es de facto, una medida voluntaria para combatir la enfermedad que asola tierras ilerdenses.
Mientras, el Gobierno catalán trata argucias legales para poder aplicar el decreto sin contravenir decisiones judiciales. Horas atrás, desde el juzgado se les indicaba que la solución está en pedir un Estado de Alarma que afecte a Cataluña, algo que Pere Aragonés ha descartado, ya que esta medida mermarían las competencias que el autogobierno tiene, algo que es clave para el rechazo de esta medida. El juez incidía en esta medida, ya que la pérdida de libertades de los ciudadanos afectados debería contar con el respaldo del Congreso, ya que las comunidades carecen de competencias para adoptar medidas como las que Torra ha intentado implementar.
