El escenario de la sanidad pública en Andalucía sigue en caída libre. Este domingo se cerraba una semana con enorme preocupación desde diferentes sectores, desde los usuarios a los sindicatos, pasando por los profesionales sanitarios.
El trasvase del dinero público por parte de la Junta de Andalucía a las prestaciones privadas sigue siendo la tónica general de la gestión de Moreno Bonilla y así lo han gritado en las calles de las capitales los sindicatos y los partidos políticos de la oposición en las manifestaciones convocadas por las Mareas Blancas.
Además, durante esta semana pasada se conocía que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por «posibles irregularidades» en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el Servicio Andaluz de Salud desde el año 2021.
El juez que firma el auto acuerda citar a estos tres gerentes del SAS de la etapa 2021-2024 «para que comparezcan» ante dicho juzgado de Sevilla «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior».
Asimismo, la resolución del juez se pondrá en conocimiento del Ministerio de Fiscal y «demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días», precisa también el auto.
La resolución judicial relata que la treintena de parlamentarios del PSOE-A interpuso una denuncia en los juzgados de Sevilla contra los dos citados exgerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas «por posibles irregularidades en la contratación a través del procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en los años 2021-2023».
El citado juzgado acordó, el pasado 1 de octubre, incoar diligencias previas «por la existencia de un posible delito de prevaricación administrativa». Posteriormente, «por escrito de 11 de octubre de 2024 se presentó querella por parte de la treintena» de parlamentarios socialistas «solicitando ser tenidos en calidad de acusación popular previo ofrecimiento de fianza».
El juzgado fijó en 5.000 euros la cuantía de esa fianza, que los diputados socialistas consignaron, lo que ha servido para que estos pasen a tener la consideración de «acusación popular» en este caso.
Asimismo, el pasado 11 de noviembre se presentó por parte de dichos diputados una «ampliación de querella» por «posibles irregularidades en la contratación a través de procedimiento de urgencias por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2024» contra la actual directora gerente del SAS, Valle García.
El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha entendido que dicha querella y su posterior ampliación reúnen «los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», y los relatos que se exponen en ella revisten «los caracteres de un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio del resultado de la investigación», por lo que ha acordado su admisión y citar a los tres querellados para que comparezcan ante el juzgado «en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de las mismas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior».
