El consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea en Bruselas ha dado el pistoletazo de salida a la negociación de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas de pesca que tradicionalmente se produce a finales de año.
España, que cuenta con la flota más importante de la Unión Europea, también ha propuesto el mantenimiento de la cuota de merluza sur, de abadejo y de cigala del golfo de Cádiz en las aguas de gestión exclusiva comunitaria del Atlántico.
El intercambio de impresiones sobre las propuestas de la Comisión Europea se ha producido tras un encuentro tripartito de los responsables de Pesca de España, Francia e Italia, quienes han coincidido en defender el mantenimiento del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo para 2025, ya que sus flotas no pueden asumir reducciones adicionales de día de pesca, al encontrarse al límite de su rentabilidad económica.
Ante esta noticia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas señala que «nuestra apuesta es la selectividad como herramienta alternativa al recorte de los días de pesca».
Los tres países alegan que las flotas de arrastre que faenan en el Mediterráneo han realizado esfuerzos considerables desde 2020 y consideran que hay alternativas a las medidas drásticas de reducción de los días de pesca. También, que es necesario más tiempo para que sean visibles todos los efectos positivos significativos sobre la dinámica de las poblaciones de peces.
España, Francia e Italia, por tanto, se muestran muy preocupadas por las siguientes etapas de la aplicación del plan plurianual por parte de la Comisión y, en concreto, por la reducción del esfuerzo pesquero de los arrastreros.
A su juicio, es necesario reflexionar sobre la futura aplicación del plan, ya que en los últimos años el sector pesquero del Mediterráneo ha sufrido importantes consecuencias socioeconómicas negativas por las restrictivas medidas de gestión para la protección de las poblaciones de peces y de otros factores imprevisibles derivados de la pandemia de la covid y los conflictos bélicos.
Los tres países defienden que la aplicación del plan de gestión y, en particular, del artículo 6 del plan, con una lectura estricta de los dictámenes científicos, podría dar lugar a medidas que no son aceptables para sus economías nacionales y locales, lo que no garantizaría unos ingresos dignos para los pescadores.
A esto añaden que la paralización del esfuerzo pesquero de los arrastreros en 2025 tendría un impacto irreversible en esta flota, pero también en toda la industria pesquera europea del Mediterráneo occidental, lo que podría socavar el suministro de alimentos sanos a los ciudadanos de la Unión Europea.
Recuerdan que los arrastreros representan la columna vertebral de la economía pesquera y que los que faenan en el Mediterráneo Occidental no podrían soportar ninguna reducción adicional de días de pesca. Es por ello por lo que España, Francia e Italia van a pedir hoy a la Comisión Europea que se congele el esfuerzo actual para 2025 y, a la vez, que se reanuden las negociaciones para adaptar el Plan Multianual del Mediterráneo Occidental vigente.
