El Gobierno de España está a punto de aprobar una medida histórica para regularizar la situación de unos 25.000 migrantes sin papeles que se vieron gravemente afectados por la DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, causando la tragedia de 227 fallecidos. Esta medida, anunciada durante el Consejo de Ministros de hoy martes, incluirá la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de un año para las víctimas de las inundaciones y sus familias, en un gesto que recuerda a la medida en el atentado del 11M.
Según fuentes oficiales, uno de los requisitos fundamentales será contar con un certificado de empadronamiento, lo que ha generado preocupación en las organizaciones migratorias. Estas entidades, como Oxfam Intermón, temen que esta exigencia pueda excluir a muchos migrantes sin papeles afectados por la catástrofe debido a las dificultades que enfrentan para cumplir con este trámite administrativo. La ONG estima que entre 28.000 y 41.000 personas en situación irregular en las zonas afectadas por la DANA se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad al no poder acceder a las ayudas estatales.
Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam, ha señalado que muchas de las personas afectadas no estaban empadronadas en el momento de la tragedia, lo que podría impedirles beneficiarse de esta medida.
El paquete de medidas que se presentará en los próximos días también incluirá la facilitación de prórrogas y permisos para los migrantes que ya residían o trabajaban en las áreas devastadas, lo que les permitirá acceder a ayudas específicas para la recuperación. De acuerdo con las estimaciones oficiales, unas 98.000 personas extranjeras no comunitarias, ya empadronadas en las zonas afectadas, se verán beneficiadas por estas medidas.
Este proceso de regularización se ha agilizado gracias a la presión de los sindicatos y el respaldo de la Abogacía del Estado. Además, la visita del presidente Pedro Sánchez a Valencia el 23 de enero contribuyó a desbloquear la situación. La fórmula legal para regularizar a las personas migrantes será una autorización de residencia “por circunstancias excepcionales sobrevenidas”, que podrán solicitar aquellos extranjeros empadronados o con cita para empadronarse en los municipios afectados desde el 28 de octubre. Los cónyuges, hijos menores o adultos con discapacidad de los solicitantes también podrán beneficiarse de esta medida. En el caso de los familiares de las víctimas mortales de la DANA, la autorización será válida por cinco años.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca aliviar la situación de miles de migrantes y facilitar su integración en el proceso de recuperación de las áreas afectadas por las graves inundaciones.
