La gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, enfrenta duras críticas por parte de plataformas y colectivos en defensa de la sanidad pública. Los manifestantes han señalado dos problemas clave que afectan gravemente a los servicios públicos: el presunto «mayor caso de corrupción sanitaria» relacionado con el fraccionamiento de contratos y el «desmantelamiento sistemático» de los servicios sanitarios en la región.
En una masiva protesta celebrada el pasado sábado, alrededor de 3.000 personas, según los organizadores, cortaron la A-318, la carretera que conecta Sevilla y Córdoba, a la altura del kilómetro 9, para visibilizar sus demandas en defensa de la sanidad pública. La convocatoria, organizada por las plataformas sanitarias del Sur de Córdoba y las Mareas Blancas del Área Sanitaria de Osuna, busca denunciar el «ataque masivo» a la atención primaria, destacando la falta de recursos, personal y planificación en el sistema sanitario de la región.
Corrupción en el Sistema Andaluz de Salud (SAS)
Uno de los puntos más graves de la crítica recae sobre un presunto escándalo de corrupción en el que se acusa al gobierno de Moreno Bonilla de fraccionar contratos dentro del Sistema Andaluz de Salud (SAS), lo que permitiría que los contratos fueran adjudicados de manera irregular, favoreciendo a empresas privadas. Las investigaciones sobre este caso han puesto en evidencia la implicación de numerosos altos cargos del SAS, lo que ha generado una enorme indignación entre los profesionales y los usuarios del sistema sanitario.
Desmantelamiento de los servicios sanitarios
Por otro lado, las plataformas denuncian el desmantelamiento de la sanidad pública, con un impacto especialmente grave en las zonas rurales de Andalucía. En este sentido, Rosa Rabadán, portavoz de la plataforma sanitaria de Luque, afirmó que el desmantelamiento de los servicios no es consecuencia de la falta de capacidad del Gobierno, sino de un plan deliberado para beneficiar a empresas privadas, especialmente de capital extranjero. Rabadán acusó a la Junta de actuar con mayor agresividad en pueblos pequeños y alejados, donde las protestas suelen pasar desapercibidas a nivel mediático.
Entre las principales quejas destaca el colapso de la atención primaria, especialmente en pediatría, debido a la falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo. Las plataformas aseguran que, debido a la escasez de médicos y enfermeros, las citas médicas se programan con demoras de hasta 15 días, e incluso algunas agendas permanecen cerradas, lo que agrava la situación y congestiona los servicios de urgencia. Esta situación también afecta gravemente a los hospitales, que sufren una escasez de personal de todas las categorías, desde celadores hasta especialistas, lo que provoca listas de espera interminables y el agravamiento de enfermedades que podrían haberse tratado a tiempo.
Protestas y unidad en defensa de la sanidad pública
Durante los cortes de carretera, los manifestantes expresaron su rechazo a la política sanitaria del gobierno regional y exigieron soluciones inmediatas. La unidad de las protestas fue uno de los mensajes más destacados por los organizadores, que consideran que solo mediante la movilización y la presión social se podrá revertir la situación. «Nuestros profesionales, médicos y enfermeros se están viendo obligados a buscar trabajo fuera de nuestra tierra, debido a la falta de recursos adecuados, condiciones laborales precarias y salarios bajos», afirmó Rabadán, quien instó a la población a unirse en defensa de un derecho fundamental como es la sanidad pública.
La protesta en la A-318 es solo una de las muchas acciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Andalucía, y se prevé que las movilizaciones continúen creciendo si no se toman medidas efectivas para solucionar la crisis sanitaria en la región.
