El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el procedimiento que permitirá anticipar la edad de jubilación a trabajadores cuyas ocupaciones se consideren especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. La medida establece criterios objetivos y evidencia científica para identificar estas actividades, y marca un nuevo paso hacia una mayor equidad en el sistema de la Seguridad Social.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que «algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral» y que los datos muestran una mayor incidencia de accidentes y enfermedades profesionales en ciertos sectores. Esta nueva normativa responde a un acuerdo en el marco del diálogo social con sindicatos y organizaciones empresariales.
Criterios claros para una jubilación más justa
La norma identifica las actividades más duras según cuatro factores: penosidad (uso constante de fuerza física o exposición a ruidos), toxicidad (contacto con agentes nocivos), peligrosidad (riesgo elevado de accidente) e insalubridad (ambientes nocivos para la salud). La aplicación de coeficientes reductores requerirá acreditar altas tasas de incapacidad, morbilidad o mortalidad mediante indicadores objetivos.
La solicitud podrá realizarla cualquier organización empresarial, sindical, de autónomos o administración pública. Una comisión mixta evaluará los casos y determinará si corresponde el adelanto de la edad de jubilación, que irá acompañado de un aumento en la cotización, en línea con el principio de justicia contributiva.
Esta regulación no afecta a los sectores que ya disfrutan de jubilación anticipada, como el personal de vuelo, la minería o los trabajadores del mar.
3,7 millones de autónomos regularizan sus cuotas con el nuevo sistema por ingresos reales
En otro punto de su intervención, Elma Saiz ha presentado el balance de la primera regularización de cuotas de autónomos bajo el modelo de cotización por rendimientos reales, implementado en 2022. En total, más de 3,7 millones de autónomos han revisado sus cotizaciones de acuerdo a sus ingresos netos de 2023.
Del total, 1,58 millones de autónomos han necesitado ajustar su cotización:
- 796.304 han tenido que abonar diferencias por haber cotizado por debajo de lo debido.
- 461.822 han recibido devoluciones al cotizar por encima.
- 323.721 no declararon rendimientos.
La ministra ha subrayado que el sistema busca corregir injusticias históricas: «Antes, más del 80% cotizaba por la base mínima, lo que generaba pensiones un 37% inferiores». La nueva regulación refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones y permitirá ajustar cuotas en tiempo real.
El Gobierno destina 471 millones a fines sociales en 2025
También se ha aprobado la convocatoria anticipada de las ayudas para actividades de interés social, que distribuirán 471 millones de euros: 94 millones del tramo estatal del IRPF y 375 millones del tramo autonómico. Esta cifra supone un aumento del 12% respecto al año anterior.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha remarcado el valor de esta convocatoria temprana, una «reclamación histórica del tercer sector», que permitirá mejorar la planificación y la eficacia de los programas de lucha contra la pobreza, conciliación familiar, inclusión y derechos culturales.
Bustinduy ha subrayado que estos fondos «reflejan la solidaridad del 50% de contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales en su declaración de la renta».
Nuevas normas para proteger y promover el uso de perros de asistencia
En una segunda medida social, el Consejo de Ministros ha regulado por primera vez a nivel estatal el uso de perros de asistencia más allá de los guías visuales, con el objetivo de garantizar su acceso a espacios públicos y privados. La norma ahora incluye perros de alerta médica, sonora, de aviso o acompañamiento para personas con TEA y otras discapacidades.
“El bienestar animal se combina con el derecho a una vida autónoma”, ha explicado Bustinduy, quien ha recordado que esta regulación sustituye un decreto obsoleto de 1983.
