La jueza que investiga la gestión de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 ha dado un paso clave para la posible imputación del expresidente autonómico Carlos Mazón.
La magistrada ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), órgano competente para investigarlo debido a su condición de aforado como diputado autonómico.
Según distintas informaciones judiciales, la instructora aprecia indicios de una presunta negligencia grave en la coordinación de la emergencia, tragedia que dejó unas 230 víctimas mortales. El escrito sostiene que la responsabilidad no puede limitarse a otros cargos ya investigados y que debe analizarse también el papel del entonces presidente autonómico como máximo responsable de la administración.
La jueza considera que la actuación de Mazón durante la crisis pudo ser determinante, señalando posibles retrasos en la adopción de medidas, en la coordinación institucional y en el envío de alertas a la población. También apunta a una supuesta “inactividad negligente” o “exclusión voluntaria” en momentos clave de la emergencia.
El documento judicial, de más de un centenar de páginas, incluye reconstrucciones de los hechos y testimonios, además de referencias detalladas a las víctimas del desastre.
Al tratarse de un cargo aforado, será el TSJ valenciano quien deba decidir ahora si asume la causa e inicia formalmente la investigación penal contra Mazón, lo que supondría su imputación formal.
En el plano político, asociaciones de víctimas y partidos de la oposición han reclamado responsabilidades y medidas contra el exdirigente, mientras continúa la instrucción judicial sobre la gestión del temporal.
