La situación política en Andalucía sobrepasa el apelativo de borrasca para considerarse como de auténtico temporal, por más que el hombre fuerte del presidente Moreno Bonilla, Elías Bendodo, la califique de “tormenta en un vaso de agua”.
Nada más lejos de la realidad. La filtración interesada de audios de Juan Marín calificando de “estúpido” la aprobación del presupuesto, y sus continuas huidas con falsedades, se ha llevado por delante la supuesta estabilidad política andaluza y se ciernen los truenos de un hipotético adelanto electoral.
En esta tesitura de absoluto foco mediático en el Parlamento de Andalucía, parece pasarse por alto lo que acontece en el Congreso de los Diputados, donde también se cursa el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Unos Presupuestos ya presentados en la cámara de la soberanía nacional por la ministra de Hacienda, la socialista sevillana María Jesús Montero, y que en base a los acuerdos parlamentarios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tienen visos de correr mejor suerte que los presupuestos andaluces, y en este caso sí conseguir la aprobación.
Sin embargo, llegan noticias curiosas desde la capital de España. Una, en concreto, que resulta tan llamativa como nefasta para Andalucía. Se trata de la presentación de una enmienda a estos presupuestos del Estado por parte del grupo Junts per Catalunya liderado por el aún fugado Carles Puigdemont.
Hasta ahí todo puede parecer lógico: los independentistas catalanes solicitan en la tramitación de los presupuestos la creación de un fondo Covid-19 por el que el Estado tendrá que repartir 9.400 millones a las comunidades autónomas. Esta inyección de dinero a las autonomías, similar a las existentes en 2020 y 2021 tendría, casualmente, una comunidad con más beneficios: Cataluña, que sería la receptora de 1.600 millones de euros, un 17% del total del fondo.
Una propuesta del independentismo catalán que ponía, otra vez, a esta comunidad autónoma en el centro siendo la más beneficiada, y que perjudica seriamente a otras autonomías del país, como es el caso de Andalucía.
Tanto es así que la merma que la comunidad andaluza tendría en caso de salir adelante se cifra en 470 millones de euros, toda vez que esta modificación presupuestaria supondría la anulación de 1.716 millones de euros previstos del Gobierno de España hacia Andalucía. Una cantidad que se establece en concepto de compensación de la liquidación negativa del 2020 y el IVA correspondiente a 2017, aún pendiente.
Pero esta maniobra de JxC en la que Andalucía sale absolutamente perdiendo y ve cómo se le tratan de usurpar casi 500 millones de euros que esta comunidad necesita, necesitaba de colaboradores necesarios. Y ha sido la derecha de Partido Popular y Vox, los dos partidos que más rédito pretenden sacar de los posibles acuerdos de independentistas con el PSOE los que esta vez se han unido a Puigdemont.
En este sentido, el partido de Casado y el de Abascal, así como Ciudadanos, han apoyado esta enmienda que tanto beneficia a Cataluña y tanto perjudica a otras comunidades, como Andalucía, haciendo que se tramite en el proyecto de Presupuestos, aunque no parece que vaya a tener mucho recorrido.
Sin embargo, resulta especialmente llamativo que sea el propio Partido Popular a nivel nacional, y sus diputados andaluces presentes en el Congreso de los Diputados, los que posibiliten una propuesta que tanto daño puede hacer a los intereses andaluces. Hasta el momento no se conocen declaraciones de Moreno Bonilla ni ningún otro miembro de su partido, a pesar del agravio que la autonomía andaluza sufre con esta tramitación.
Sí ha puesto ya el grito en el cielo el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, del partido socialista. Fernández muestra su “sorpresa” por esta enmienda apoyada por el PP, que no olvidemos, es el partido que gobierna la Junta de Andalucía.
¿Cómo puede explicar Moreno Bonilla a los andaluces que su partido se une a Puigdemont para esquilmar 470 millones de euros a Andalucía? La situación tiene difícil encaje para ser explicada por el Partido Popular de Andalucía.
Mientras tanto, la enmienda, que fue votada el pasado miércoles, sigue su curso en la tramitación presupuestaria y todo hace indicar que no va a prosperar y Andalucía recibirá la cantidad acordada por el Gobierno de España, 1.716 millones de euros.
