El martes 21 de diciembre las principales organizaciones agrarias de Andalucía, Asaja, COAG y UPA han convocado, junto a Cooperativas Agro-alimentarias una caravana de protesta «en defensa del sector agrario y el medio rural», con la intención de dejar claro que «sin explotaciones rentables el campo no tiene futuro».
La protesta se celebrará en Córdoba y el recorrido comenzará a las 10:00 horas desde el Recinto Ferial de El Arenal, pasando por la Plaza de Andalucía, la Avenida Vallellano, Paseo de La Victoria, Avenida Ronda de Los Tejares, Palacio de la Merced, Vial Norte y Avenida República Argentina, para concluir en la Subdelegación del Gobierno, donde las organizaciones agrarias entregarán una documentación, según han explicado las organizaciones en un comunicado conjunto.
Los diferentes convocantes han afirmado que los agricultores y ganaderos de la provincia, como los del resto de Andalucía, están «al límite» y, entre otras demandas, fundamentalmente reclaman «precios justos» para sus productos.
«Y es que se está viviendo una situación ruinosa en todos los sectores productivos de Córdoba, debido a los altos costes de los ‘inputs’ necesarios para producir, unido a la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, y una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva», han indicado las organizaciones.
A esto, han sumado «la falta de reciprocidad con las importaciones y una Ley de la Cadena Alimentaria que no soluciona los problemas del sector«.
«El motivo de esta protesta es la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en nuestra provincia. Una actividad cuyo futuro está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores», han indicado.
Los convocantes han exigido «dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia del mundo rural, y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2″.
Una lucha para que sobreviva el campo andaluz
De forma concreta, el sector demanda, respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), «que el Ministerio de Agricultura cambie sustancialmente sus propuestas y que la Junta de Andalucía mantenga firmeza en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces«, para lograr «una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía», y que «se reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo andaluz».
En cuanto a los «altos costos» de producción y la fiscalidad que afecta a los agricultores y ganaderos, reclaman «un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria, acabar con la venta a pérdidas y el uso de los productos agrarios como reclamo en los puntos de venta a los consumidores, investigación de oficio ante posibles fijaciones de precios, que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España, y puesta en marcha de tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos y los cánones de riego o rebajas del IVA», junto al «adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas».
Respecto a las nuevas normas laborales «que se pretenden implantar en el campo», las organizaciones agrarias piden «contratos temporales, por ser una necesidad intrínseca a la naturaleza de la actividad, adaptados a la realidad de las cosechas y labores del campo» y, «al igual que el sector de la construcción tiene un tratamiento diferenciado, el sector agrario merece un tratamiento específico».
También quieren que se adapte «la condición de fijo discontinuo, cualquiera que sea la actividad desarrollada en la empresa, a la realidad de la actividad agraria», para que «este contrato sea beneficioso para las empresas y los trabajadores», junto a «bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social a la conversión de contratos temporales en fijos y fijos discontinuos» y, por último, que haya «controles en frontera y reciprocidad con terceros países», pues «no es razonable, ni justo, ni estratégico, permitir la competencia desleal de terceros países».
