Tras escuchar la intervención del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto pedir más información a la Comisión Europea sobre la situación de Doñana y que actúe conforme a la sentencia europea que pesa sobre la polémica Ley de Regadíos aprobada por la Junta.
Valero, en su petición a los grupos políticos del Parlamento Europeo, ha advertido de «las distintas amenazas que se ciernen sobre el Parque Nacional de Doñana» además de reclamar «una vigilancia integral» sobre este espacio «para blindarlo de los riesgos que ponen en peligro su preservación».
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida el pasado mes de marzo falló a favor de Petroleum Oil & Gas España S.A. contra el decreto aprobado por la Junta de Andalucía para la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables en los municipios al norte de la Corona Forestal del Parque Nacional.
Sobre este hecho, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha apuntado que «hay quienes han querido entender que supone la anulación de la prohibición de almacenar gas en el subsuelo de Doñana».
En un paso más, el también portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha incidido en que el «nuevo escenario de incertidumbre por abastecimiento energético» no debe propiciar que Doñana quede al servicio del almacenamiento de gas y ha instado a la Unión Europea a «estar vigilante» de las posibles agresiones irreversibles que pueda sufrir el que ha recordado que es un Parque Natural, Patrimonio de la Unesco y el mayor humedal del continente.
Así, Valero ha pedido a las comisiones parlamentarias de Industria y Energía y de Medio Ambiente la emisión de informes que analicen la situación de los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de gas natural en Doñana.
«El prestigio de la agricultura onubense y su viabilidad también necesita que no haya dudas por parte de los consumidores europeos de la absoluta conciliación sostenible entre Doñana y la actividad agrícola del entorno», ha subrayado Valero en sus conclusiones.
Por este motivo, ha destacado, «la amenaza de legalizar los pozos ilegales que el Tribunal de Justifica de la UE ya ha sentenciado que se tienen que cerrar» sigue vigente, motivo por el que ha instado a mantener la petición abierta en la Comisión.
Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha recordado que abrió una investigación para asegurar el correcto cumplimiento de las autoridades españolas de la legislación medioambiental europea, que detallaron que las obligaciones habían sido cumplidas así como todos los requisitos de evaluación de impacto ambiental y se ha referido a los tribunales nacionales para «dirimir» las disputas derivadas de estos estudios.
Valero también se ha referido a la «pretensión» de ampliar los terrenos de regadío de Doñana que supone un «ataque frontal» a los planes de ordenación «vigentes» y una «indiferencia» ante los problemas del acuífero.
Ante lo cual, la Comisión Europea ha recordado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en junio de 2021, confirmó que España no había tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos.
Respecto a la proposición de Ley que se tramita actualmente en el Parlamento andaluz y que pretende una modificación del plan especial de regadíos de la corona forestal de Doñana, el Ejecutivo comunitario ha señalado que «de aprobarse en los términos actuales, la Comisión considera que podría ir en la dirección contraria a la que podría ir España para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia».
De hecho, en febrero la Comisión Europea manifestó su «preocupación» por que Andalucía siga adelante con la ampliación de terrenos forestales del norte de la Corona Forestal de Doñana para su calificación como suelos agrícolas regables «que se sumarían a los niveles insostenibles de extracción de agua que ya ha provocado una disminución significativa en los niveles piezométricos de las masas de aguas subterráneas en Doñana«, detalló.
Así la petición presentada por Valero, ha señalado la eurodiputada de Izquierda Unida (IU), Sira Rego, se refiere a la posibilidad del Gobierno andaluz para legislar en una materia que, ha detallado, «supone un riesgo para Doñana» y ha cargado contra el Gobierno autonómico andaluz que «no está cumpliendo con su objetivo de proteger un entorno extraordinario» y está proponiendo legislar algo que «es inasumible y una barbaridad».
El eurodiputado del PP en el Parlamento Europeo Juan Ignacio Zoido ha argumentado que esta propuesta es «compatible con las proposiciones de la Comisión» y que el Gobierno andaluz ha cumplido en «temas medioambientales» ya que no supone un aumento de consumo de aguas subterráneas sino de las superficiales.
Por su parte, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha opinado que se trata de garantizar que las canalizaciones de las cuencas hidrográficas lleven agua a Doñana y ha agregado que el equilibrio entre ese ecosistema y la actividad económica «requiere que se ejecute el trasvase» por lo que ha pedido que se exija al Gobierno de España los motivos por los que no se han ejecutado las obras de infraestructura hidráulica que garanticen que el agua llegue al Parque Natural.
