La jueza Rosa María García Jover, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha citado al director económico de la Central Provincial de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Demetrio González, para declarar como investigado en el marco de una investigación sobre un presunto delito de malversación relacionado con el fraccionamiento de contratos del SAS con la sanidad privada. La citación, que fue emitida el pasado viernes, cambia el estatus de González, quien inicialmente estaba citado como testigo, a investigado, una decisión que surge tras las declaraciones de los interventores provinciales que elaboraron el informe que originó la causa.
Este caso se suma a otras investigaciones abiertas sobre la presunta contratación irregular de servicios médicos con clínicas privadas. El informe elaborado por los interventores del SAS en Cádiz revela que, presuntamente, durante 2021 se habrían utilizado 235 millones de euros en contratos menores, fraccionados para eludir la ley de contratación pública. Estos contratos fueron presuntamente adjudicados a dedo a clínicas privadas, lo que ha generado sospechas de un abuso sistemático de contratos menores en fraude de ley.
La denuncia que dio pie a la investigación proviene de un informe de elDiario.es Andalucía y fue respaldada por Podemos. Según el informe, el SAS presuntamente utilizó el fraccionamiento masivo de contratos en Cádiz, con más de 135.000 facturas contabilizadas, que sumaron 235,4 millones de euros en contratos menores. El 100% de los expedientes analizados mostraron anomalías, según los datos aportados en el informe de la intervención provincial.
Este caso se une a otro proceso judicial en Sevilla, que investiga un presunto delito de prevaricación por la adjudicación de cientos de contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024, por más de 234 millones de euros, a través de un marco legal habilitado durante la pandemia, pero ya derogado. Mientras tanto, la Junta de Andalucía se ha personado como responsable civil subsidiaria en la causa de Cádiz.
La noticia llega en un contexto de creciente tensión social, tras una manifestación multitudinaria en Sevilla, donde sanitarios y pacientes han protestado contra lo que consideran el desmantelamiento de la sanidad pública, reclamando que «la salud no es un negocio». Este caso judicial pone en entredicho las prácticas de contratación del SAS y ha generado un clima de incertidumbre sobre la gestión de la sanidad pública en la región.
