La gestión del agua se ha convertido en una cuestión clave y estratégica. Las sequías, como monstruos invisibles, pueden arrasar economías y dejar sumidas en la desesperación comarcas enteras. La falta de lluvias asfixió la cosecha de aceitunas hace apenas un año, desencadenando un efecto dominó que llegó hasta los estantes de los supermercados. Ante la escasez de chubascos, las alarmas se dispararon, y con ellas, se impuso un control sobre el uso (y el abuso) del agua.
En el verano de 2023, no hace tanto, los municipios de Granada emitieron bandos en los que se instaba a la prudencia, recordando a los ciudadanos que «no derrochar agua» era un imperativo. A nivel regional, se pusieron en marcha una serie de medidas, como la creación de mesas técnicas y una intensificación del control por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre los recursos hídricos, medidas que se han prolongado en 2024.
La CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene bajo su gestión gran parte de la provincia de Granada. Solo la franja litoral, integrada en la cuenca mediterránea, es competencia de la Junta de Andalucía.
Según informan desde la Confederación, «durante el pasado año se han analizado en la demarcación del Guadalquivir 11.000 hectáreas y realizado 400 inspecciones, detectando más de dos mil hectáreas de riego no autorizado y 120 captaciones ilegales, lo que llevó a la adopción de 76 medidas cautelares». En términos de hectáreas de riego no autorizado, el total asciende a 2.374 en toda Andalucía.
«La mayor parte de las actuaciones se han centrado en las zonas de Doñana, la Comarca de Baza y el Guadiana Menor en Granada, así como en el Sistema de Regulación General y los cultivos de cítricos y olivar en Córdoba, Sevilla y Jaén», detallan desde la CHG. Estas inspecciones no son producto de la casualidad, sino de una meticulosa labor de análisis de datos, cartografía y teledetección.
En cuanto a Granada, los datos proporcionados por la Confederación muestran que, durante el último ejercicio, se inspeccionaron 2.752,9 hectáreas en varias comarcas de la provincia. De este total, 587,9 hectáreas fueron identificadas como de riego ilegal, lo que representa un 21% del terreno inspeccionado.
Concretamente, en la comarca de Baza, las inspecciones de 2024 abarcaron más de 1.000 hectáreas. Se descubrieron 56 hectáreas de cultivos leñosos con riego ilegal, quince pozos ilegales y once balsas, según la CHG. En el Guadiana Menor, también en la comarca de Baza, se realizaron dos planes de inspección. El primero se enfocó en cultivos hortícolas, inspeccionando 802,94 hectáreas a través de 56 visitas, que resultaron en el hallazgo de 351,95 hectáreas de riego ilegal, junto con once balsas y pozos ilegales. El segundo plan se dirigió a los frutales de cáscara, inspeccionando 775 hectáreas y detectando 52,01 hectáreas de riego ilegal y cinco captaciones ilegales. Actualmente, «estos dos planes de inspección están al 85% de ejecución», puntualizan desde la CHG.
En el municipio de Alhama de Granada, se ha llevado a cabo un plan de seguimiento de 175 hectáreas de cultivos hortícolas, a través de 26 inspecciones, que han derivado en la denuncia de 128 hectáreas de riego ilegal.
Además, en las zonas del río Guardal y Monachil, se está desarrollando un plan específico para vigilar los puntos de toma directa de aguas superficiales, con el fin de detectar las tomas sin control volumétrico y asegurar el cumplimiento de los caudales ecológicos.
«Algunos de los planes programados siguen aún en ejecución», concluyen desde la CHG.
Más allá del daño ambiental, estos riegos ilegales tienen un impacto económico directo. En 2023, tras inspeccionar unas 4.500 hectáreas en la provincia, se estimó que el perjuicio económico ascendía a unos 600.000 euros.
