El Gobierno de España ha dado un paso firme para proteger a los ciudadanos de las estafas telefónicas y las llamadas comerciales no deseadas, con la reciente aprobación de una orden ministerial que prohíbe el uso de números móviles para este tipo de comunicaciones. Esta norma, que entra en vigor este mes de febrero, tiene como objetivo reducir el fraude y las molestias que generan las llamadas comerciales engañosas, en un contexto en el que la protección del consumidor es una prioridad para el Ejecutivo.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, detalló en una entrevista que, a partir de ahora, las empresas solo podrán contactar a los consumidores desde números con prefijos provinciales o líneas gratuitas que comiencen con 800 o 900. La medida pretende evitar la confusión de los usuarios que, al recibir una llamada desde un número móvil, piensan que se trata de un conocido o familiar, solo para descubrir que es una oferta comercial no solicitada.
Esta normativa llega después de que, en 2023, se aprobara la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que ya prohibía las llamadas comerciales sin consentimiento previo, aunque las empresas podían seguir contactando a aquellos consumidores que previamente habían autorizado dichas comunicaciones. La nueva orden busca reforzar aún más esta regulación y poner fin a las prácticas abusivas que afectan a miles de ciudadanos cada año.
El ministro López subrayó la importancia de la regulación, afirmando que «no hay que quedarse de brazos cruzados» ante este problema, y destacó que la iniciativa no solo combate el spam telefónico, sino que también refuerza la seguridad frente a las crecientes ciberestafas en el país. Para garantizar su cumplimiento, la orden ministerial establecerá un sistema de denuncias en la oficina de atención al consumidor de telecomunicaciones, permitiendo a los usuarios reportar cualquier infracción. Las empresas que ignoren esta nueva prohibición podrán enfrentarse a sanciones, aunque aún no se han detallado las posibles multas.
Con esta medida, España sigue avanzando en su esfuerzo por mejorar la seguridad digital y proteger a los consumidores, en línea con los esfuerzos realizados tanto a nivel europeo como global.
