El sector educativo andaluz en pie de guerra contra la Junta de Andalucía. Los sindicatos USTEA y CGT han convocado una huelga docente este miércoles 25 de mayo.
Un paro para el que han hecho un llamamiento a todos los docentes -personal aspirante, interino y funcionario- a sumarse a la concentración que tendrá lugar a las 12:00 horas frente al Palacio de San Telmo en Sevilla.
La huelga se convoca en el marco de los procesos de estabilización del sector público y ante la inminente publicación de la Oferta de Empleo Público adicional por la Consejería de Educación.
De las más de 14.000 plazas anunciadas a principios de curso, los procesos de estabilización del personal docente en Andalucía no llegarán a las 6.000 plazas si se publica la OEP en los términos anunciados por la Junta de Andalucía.
Las organizaciones sindicales consideran como fundamentales aspectos como la estabilización de todo el colectivo interino, la transparencia en los criterios aplicados y el procedimiento de cálculo de las en plazas de estabilización, la bajada inmediata de las ratios en todos los niveles educativos y en atención al alumnado NEAE y NEE y el cese del cierre de aulas y centros públicos y recuperación de las unidades escolares suprimidas en los últimos años.
La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad se ha adaptado al ámbito docente mediante el Real Decreto 270/2022 que establece dos modelos paralelos de acceso a la función pública docente: un concurso-oposición y un concurso excepcional de méritos.
USTEA y UGT señalan que ninguno de estos modelos recoge la reivindicación histórica del colectivo interino, pues ambos están diseñados para estabilizar plazas, sin garantías de estabilidad para las personas que llevan años sufriendo el abuso de temporalidad cometido por las administraciones.
Este Real Decreto publicado por el Ministerio de Educación y, por tanto, de ámbito estatal se está aplicando de maneta desigual en las diferentes comunidades autónomas.
Mientras en otros territorios del Estado, se han publicado las plazas a estabilizar pormenorizadamente, la Consejería de Educación solo habla del cómputo total de plazas que, por otro lado, se ha ido reduciendo sustancialmente en los últimos meses.
En este cómputo general, la administración andaluza solo ha contabilizado aquellas plazas ocupadas en los últimos años por personal interino, aunque el RD establece que deben estabilizarse las plazas ocupadas con carácter temporal, incluyéndose aquí las que se han ocupado por personal funcionario en comisión de servicio o similares.
Denuncia USTEA y UGT la falta de transparencia de la Consejería de Educación en relación a la identificación de las plazas para los procesos de estabilización en el sector docente. Con las cifras de plazas que la Consejería pretende publicar, solo cabe pensar que se van a amortizar puestos de trabajo docente a base de suprimir unidades educativas.
En resumen, ambos sindicatos exigen a la Junta de Andalucía que haga públicos los procedimientos aplicados para calcular las plazas de los procesos de estabilización, que restablezca todas las unidades educativas eliminadas en los últimos años, que baje la ratio en todos los niveles educativos y que aumente las plantillas docentes, estabilizando a todo el personal interino del sistema público andaluza de educación.
Queja ante la Unión Europea y el Defensor del Pueblo
USTEA, como sindicato federado en STEs-i, ha presentado quejas, ante la Unión Europea y el Defensor del Pueblo, denunciando que los procesos de estabilización, a día de hoy, no son reales y no cumplen el objetivo previsto.
En la situación actual, no garantizan que el personal docente en abuso de temporalidad pueda lograr la estabilidad en su puesto de trabajo y, además, el resultado de estos procesos puede ocasionar un trasiego de docentes entre comunidades autónomas muy perjudicial para profesorado y administraciones.
La queja ante la Unión Europea denuncia por infracción al derecho comunitario y la legislación europea con respecto a los procesos de estabilización que las distintas administraciones educativas están anunciando estos días.
Estos procesos que, conforme a lo establecido por la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, deben disminuir el porcentaje de personal interino al 8% antes de la finalización del año 2024, están sembrando la inquietud entre las personas afectadas, ya que -a día de hoy- no solo no aseguran que estas personas puedan conseguir la estabilidad en el empleo, sino que pone en peligro su puesto de trabajo, desempeñado hasta ahora, en régimen de interinidad.
Del mismo modo, con fecha 16 de mayo de 2022, se ha presentado ante la oficina del Defensor del Pueblo, queja ante la diversa y dispar aplicación que vienen haciendo las administraciones públicas tanto estatales como autonómicas de la ley 20/2021.
