La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha clausurado un total de 1.054 pozos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, de los que 147 se han cerrado voluntariamente tras el reconocimiento y expediente de sanción correspondiente por parte de la CHG, evitando la puesta en marcha del procedimiento de clausura subsidiaria.
Así lo anunciaba en las últimas horas el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien añadió que 450 pozos se han cerrado como consecuencia de la sustitución de aguas subterráneas por aguas superficiales. En el resto de cierres, ha sido necesaria la intervención de la CHG con apoyo del Seprona y, en algunos casos, con la intervención de la Fiscalía y la Consejería de Agricultura de la Junta.
En torno al Consejo de Participación de Doñana, Morán destacó la reducción en torno a unos 15 hectómetros cúbicos al año de la presión sobre las aguas subterráneas que alimentan el parque natural, gracias «por un lado, a la transferencias de aguas superficiales del Tinto Odiel y Piedras a la demarcación del Guadalquivir, tanto para abastecimiento como para regadío», lo que ha permitido «que se clausuren voluntariamente, a iniciativa de los propios regantes, más de 400 pozos».
Asimismo, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha detallado que con la actuación que se está desarrollando para aminorar la presión ocasionada como consecuencia de los consumos de Matalascañas –que estará operativa en 2025– se eliminarán los dos pozos más cercanos al acuífero sobreexplotado, «haciendo desaparecer la presión directa«.
Así, ha subrayado que, en paralelo «se están dando pasos muy significativos en la recuperación del Caño del Guadiamar, la principal entrada originaria de agua superficial a las marismas de Doñana y que quedó clausurada en su momento». «Es uno de los elementos sustanciales de la mejora de la capacidad de aportación de aguas al parque», ha añadido, al tiempo que ha destacado el «avance significativo» en materia de saneamiento y depuración de las aguas.
Morán ha aseverado que el objetivo de las administraciones es «lograr que no hay ningún pozo ilegal» poniendo «todos los medios necesarios para apoyar a los agricultores a que den el salto hacia la legalización absoluta del territorio». «Queremos confiar en que el compromiso del ciudadano con el territorio reduzca al mínimo la necesidad de intervención de las administraciones», ha añadido.
