El Partido Socialista Andaluz ha advertido, a través de la secretaria general del grupo en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, del «abandono» del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, a más de 5.000 familias en situación de pobreza que «podrían haber recibido parte de los 20 millones de euros que ha dejado sin gastar de la renta mínima andaluza», una ayuda para la que hay listas de espera de acceso que pueden llegar hasta los dos años.
Pérez contrapone esta «falta de ejecución» del gobierno de Moreno Bonilla, a quien acusan de dejar el 15% de la partida de esta prestación sin emplear, a la actuación que está llevando a cabo el Gobierno de España, que «ha dado ya respuesta a más de 250.000 personas con necesidades a través del Ingreso Mínimo Vital.
«El gobierno de Moreno ha tirado la toalla y pretende eliminar en 2022 la renta mínima de inclusión social, una prestación creada por el gobierno socialista en 2018 y que está contemplada como un derecho para las familias más vulnerables», subraya la parlamentaria socialista. En este sentido, explica que la existencia de estas dos prestaciones está motivando que Moreno «deje de invertir en Andalucía y deje la respuesta únicamente en manos del Gobierno».
Así, mientras que el 35% de la población andaluza vive en riesgo de pobreza, según destaca el PSOE de datos de la Red Andaluza de la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, «el gobierno de la derecha de Moreno recorta derechos a familias vulnerables, a las que no sólo priva de una prestación económica sino también de los itinerarios para la inserción laboral a los que podrían tener derecho», en palabras de Pérez.
La secretaria general de Grupo Parlamentario Socialista añade que la evolución de la pandemia, y con ella la crisis económica, ha provocado que el número de expedientes de la renta mínima pendientes de resolver «se haya visto notablemente incrementado, con listas de espera que llegan a los dos años».
«Mientras que se empeora la situación económica de las familias, el gobierno andaluz sigue sin hacer compatible esta prestación con el ingreso mínimo vital y está procediendo revisar todos los expedientes resueltos de forma provisional, condenando a las familias a una maraña administrativa que en la mayoría de los casos termina en rechazo e, incluso, en devolución de las cantidades percibidas con anterioridad», ha lamentado
