Crear un gran problema, eso es lo que ha hecho el Gobierno de Moreno Bonilla con su plan de amnistía para los regantes ilegales del entorno de Doñana. Un ardid electoralista que pone en peligro una de las principales industrias de la provincia de Huelva; el cultivo de la fresa.
La ocurrencia de PP, Cs y VOX ya es noticia en medios internacionales como el diario Británico The Times. Hay que reseñar que Europa es el mercado principal de la producción frutos rojos de provincia onubense, con millones de consumidores con tradición y conciencia ecologista que no aceptan productos que entren en conflicto con el medio ambiente. La economía de Huelva está en juego hasta el punto que la cadena de supermercados ALDI ya ha anunciado que retirará de sus estanterías todos los productos que no cumplan con el medio ambiente.
«El problema es que no hay agua, ni siquiera para los regantes legales«, apuntan desde la asociación ecologista WWF. «Se pretende legalizar parcelas agrícolas que están fuera del plan de la Fresa, contraviniendo los compromisos que España adquirió ante Europa» y señalan a un posible desconocimiento de la norma por parte de Moreno Bonilla y sus socios de gobierno, «existe una legislación muy clara para proteger Doñana, algo que es único en el mundo».
Distintas comunidades de regantes legales están contra de la ampliación de hectáreas de regadío en el entorno del parque, la mayoría de estos agricultores desarrollan su actividad en el entorno de la localidad de Almonte. La situación se ha enrarecido hasta el punto que prefieren mantener el anonimato, «hay mucha tensión, incluso amenazas de muerte por parte de los regantes ilegales».
El acuífero desde el que se ha extraído el agua para riego desde hace años está sobreexplotado «sale más agua de la que entra y el clima es cada vez más seco, si seguimos así es cuestión tiempo que el acuífero se declare extinguido», indican los ecologistas. La propia UNESCO critica cualquier tipo de acción que entre en conflicto con el habitat del parque de Doñana, bien patrimonio de la humanidad y que goza de la máxima protección.
El Gobierno central en contra
En los últimos 3 años se han cerrado más de 550 pozos ilegales en Doñana y se estima en torno a 1400 las hectáreas que se nutren de recursos hídricos ilegales. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y sus guardas fluviales llevan años luchando contra el problema en solitario. Desde dicha institución, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, se critica «la falta de lealtad institucional de PP, Cs y VOX«. Un extrabajador de la Confederación, ya jubilado, es claro al respecto «Durante años y años se ha mirado para otro lado. Ahora que ya no hay agua para todos es cuando ha saltado todo».
Desde el Gobierno central el rechazo al plan de la Junta de Andalucía es frontal. Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente, realizó unas declaraciones contundentes al respecto «No hay posibilidad de poner ni un solo metro cúbico más de agua a disposición de nuevas actividades ni usos económicos en la cuenca del Guadalquivir”, al tiempo que exige al Gobierno de Moreno Bonilla que desestime un planteamiento que genera «falsas expectativas, rompe el consenso alcanzado en 2014 sobre el plan de regadíos en el entorno del parque nacional Doñana», añadiendo que ni hay agua, «ni la va a haber».
