La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este viernes la importancia de que la Junta de Andalucía se sume al proceso de expropiación y posterior demolición del Hotel del Algarrobico, un emblemático edificio ilegal ubicado en Carboneras, que ha estado en litigio durante más de 20 años. Montero subrayó que esta acción es fundamental para dar solución a un conflicto que lleva más de una década sin resolverse, a pesar de las reiteradas sentencias judiciales que han declarado la ilegalidad del hotel. En este sentido, la ministra destacó la necesidad de que se actúe de manera definitiva tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2012, que dictaminó que los terrenos en los que se ubica el hotel no son urbanizables.
En su intervención, Montero hizo hincapié en que la inacción del Ayuntamiento de Carboneras, que ha mantenido durante más de 10 años una actitud de desinterés y no ha cumplido con la resolución judicial, ha sido un obstáculo para avanzar en la demolición del edificio. La ministra defendió que, ante esta falta de iniciativa por parte del municipio, es el Gobierno central el que ha dado un paso adelante, proponiendo la expropiación de los terrenos y su posterior demolición, como una medida para poner fin al proyecto ilegal.
No obstante, Montero hizo un llamamiento a la colaboración de la Junta de Andalucía, que es responsable de un 60% del terreno, para poder llevar a cabo este proceso. En este contexto, la ministra también señaló que la opción de expropiar y demoler el hotel no significa que la zona quede desocupada, sino que se busca un uso adecuado y legal de los terrenos en cuestión. De hecho, desde el Ayuntamiento de Carboneras se ha planteado la posibilidad de destinar el espacio a un nuevo hotel o, incluso, a una residencia de mayores, en función de las necesidades del municipio.
La expropiación y demolición del Hotel del Algarrobico se ha convertido en un tema de discusión política a nivel regional, donde la Junta y el Gobierno central no logran ponerse de acuerdo. Aunque el Consejo de Ministros dio luz verde a la medida, la falta de consenso sobre el futuro del terreno y la manera de llevar a cabo la intervención sigue generando tensiones. Con el arranque de 2025, el conflicto persiste sin un horizonte claro de resolución, dejando la cuestión del Algarrobico como uno de los temas pendientes más largos en la historia reciente de la política urbanística de Andalucía.
