El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado el trámite para aprobar un real decreto que obligará a las grandes superficies comerciales a incorporar etiquetado en braille en determinados productos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de las personas con discapacidad visual.
La futura normativa, actualmente en fase de información pública hasta el próximo 12 de abril, afectará a establecimientos de más de 400 metros cuadrados. En ellos, los consumidores podrán exigir que alimentos con alérgenos, así como productos con sustancias potencialmente peligrosas —comocosméticos o artículos de limpieza— incluyan información en sistema braille.
El texto legal reconoce además el derecho a recibir atención personalizada durante el proceso de compra, una medida orientada a garantizar una experiencia más inclusiva.
Según el proyecto, las etiquetas deberán contener datos esenciales como el tipo de producto, la marca, advertencias sobre alergias o riesgos, y la fecha de caducidad o consumo preferente. Esta información podrá figurar directamente en el envase o mediante etiquetas adicionales cuando no sea posible incorporarla en el propio producto.
Asimismo, las grandes superficies con venta online estarán obligadas a ofrecer la opción de recibir los productos con etiquetado en braille, ampliando así la accesibilidad también al comercio electrónico.
El Gobierno estima que la medida afectará a más de 13.000 supermercados en toda España y podría suponer un coste cercano a los 368 millones de euros para el sector, principalmente por la implantación de sistemas de etiquetado y la atención personalizada.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca garantizar el acceso a información clara y comprensible, reforzar la autonomía de las personas con discapacidad visual y prevenir riesgos para su salud en el ámbito del consumo.
Para mayor información, se facilita el enlace de la página oficial del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
