El plan del Ayuntamiento de Sevilla para externalizar el servicio de limpieza de los colegios públicos ha abierto un conflicto social y laboral que enfrenta al gobierno municipal con trabajadoras, sindicatos y asociaciones de familias, que temen despidos, precarización del empleo y un deterioro del servicio educativo.
La medida, impulsada por el alcalde José Luis Sanz, prevé licitar el servicio por unos 25 millones de euros con el objetivo declarado de reorganizar y reforzar la limpieza de los 108 centros escolares de la ciudad. El consistorio sostiene que no se perderán empleos y que incluso se incrementará la plantilla, defendiendo que la reforma busca mejorar el funcionamiento del servicio.
Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una oposición entre la plantilla municipal y buena parte de la comunidad educativa. Trabajadoras con contratos temporales aseguran que la privatización puede dejarles sin empleo y denuncian que el personal actual ya es inferior al necesario en muchos centros.
Temor a despidos y pérdida de empleo público
Los sindicatos cuestionan los datos del Ayuntamiento sobre la creación de puestos y aseguran que parte de los supuestos nuevos empleos corresponden en realidad a coberturas de vacantes ya existentes o a procesos de estabilización.
Además, organizaciones sindicales advierten de que la externalización podría afectar a más de 300 familias y sostienen que el servicio público actual costaría menos que el contrato previsto, estimando unos 16 millones frente a los 25 del modelo externalizado.
Algunas centrales también denuncian que no existen informes técnicos públicos que justifiquen la externalización, reclamando la apertura de una negociación con el gobierno municipal.
Movilizaciones y protestas en la calle
El rechazo ha desembocado en movilizaciones masivas. Manifestaciones con participación de trabajadores, sindicatos y AMPAs han reunido a más de 2.500 personas para exigir la retirada del plan.
La plantilla municipal ha advertido además de que mantendrá la presión con concentraciones, acampadas y posibles huelgas si no se abre un proceso de diálogo, en un conflicto que trasciende el ámbito laboral y plantea un debate sobre el modelo de gestión de los servicios públicos.
Según diversas fuentes, la limpieza escolar en Sevilla arrastra problemas organizativos desde hace más de diez años, con falta de sustituciones, escasez de plantilla y deficiencias en la gestión, cuestiones que trabajadores y familias consideran el origen real del deterioro del servicio.
Mientras el Ayuntamiento defiende que la externalización permitirá mejorar la calidad y la organización del sistema, la comunidad educativa insiste en que la solución pasa por reforzar la plantilla pública y cubrir las vacantes existentes.
El conflicto continúa abierto y amenaza con prolongarse durante los próximos meses, convirtiéndose en uno de los principales frentes sociales de la política municipal sevillana.
