El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, ha ganado en los últimos días una importante victoria en el congreso del país sudamericano: La aprobación, en el Senado, de la nueva propuesta de reforma laboral. Durante toda la campaña presidencial, la frase síntesis del pensamiento de Milei fue “Viva la Liberdade, carajo!” y ciertamente, esa supuesta libertad no es para los trabajadores y trabajadoras de Argentina. Sin embargo, con puntos que reflejan el retroceso de los derechos adquiridos en Argentina, el gobierno llama la reforma de una “modernización” de la legislación vigente en el país.
Modernización, para el gobierno de Milei, es sinónimo de retroceso.
Después de más de 13 horas de debates, el texto fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra, y contiene una serie de cambios como la facilitación de contrataciones y despidos, la reducción de las indemnizaciones en caso de despidos injustificados, limitaciones a los derechos de huelga, la extensión de la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Además, la reforma acaba con el salario 13° y permite la creación de un banco de horas – para que las empresas puedan compensar las horas extras trabajadas con días libres en lugar de pagar efectivamente a los trabajadores.
En un país donde el 40% de la fuerza laboral está trabajando en la informalidad, las medidas de Milie no solo tienden a beneficiar al empresariado, como tampoco afectan la estructura productiva del país con vistas a la creación de empleos formales y generación de renta.
Cabe señalar que la reforma no pretende aplicarse a los servidores públicos (sean nacionales, estatales o municipales). No obstante, las reglas sobre huelga en servicios esenciales se aplican, es decir, tal medida exige un mínimo de prestación de servicio que queda entre el 50% y el 75% de los trabajadores en dichas áreas esenciales (salud, seguridad, por ejemplo), limitando, con ello, el poder de paralización de los sindicatos.
Uno de los aspectos que más generó críticas de la oposición durante la votación fue con relación al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a la financiación de las indemnizaciones por rescisión. La financiación de este fondo se llevará a cabo mediante contribuciones empresariales de hasta el 2,5% sobre la nómina.
Sin embargo (y este es un punto crítico), anteriormente, esos recursos eran dirigidos a la seguridad social. Ante esto, los opositores a la propuesta argumentan que la enmienda reducirá los recursos destinados a las jubilaciones y, al mismo tiempo, hará más simple el despido de trabajadores, una vez que las empresas dejarán de cargar íntegramente con los costos de los despidos.
Frente al retroceso, las fuerzas sindicales y trabajadores protestan
Enfrentamientos entre manifestantes y policías fueron registrados en Buenos Aires, durante la votación del texto en el Senado. Hubo uso de gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad, mientras movimientos callejeros denunciaban los cambios propuestos.
La CGT – Confederación General del Trabajo – ha manifestado su insatisfacción con el proyecto. Según la CGT, el texto retrocede derechos colectivos e individuales. En última instancia, refuerza el poder del capital frente a los trabajadores.
El texto irá a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno Milei espera su aprobación, aunque con algunas modificaciones. La CGT, sin embargo, convocó a una huelga general para el día en que se vote el texto en la Cámara de los Diputados.
Abajo, sigue la nota divulgada por la CGT.
