Fuentes del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática se contara con los permisos de obra necesarias para iniciar las actuaciones
Según fuentes ministeriales en Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial va a emitir los permisos necesarios para empezar con las exhumaciones e identificaciones de victimas de la Guerra Civil y la Dictadura del General Francisco Franco Bahemonde que se encuentran en la cripta del Valle de los Caídos.
Estas exhumaciones han sido impulsadas y reclamadas por los familiares de las propias victimas durante años que desean encontrar y dar una sepultura privada a sus familiares, sin que estas sirvan para la vanagloria de ningún lugar donde también se rinde homenaje a sus ejecutores.
Consciente de la problemática social que implican estas situaciones en un numero muy importante de familia españolas en marzo el Gobierno aprobó una partida presupuestaria destinada a su solución. Esta partida presupuestaria tiene un fondo de 650.00 euros destinados a la exhumación e identificación de las victimas de la Guerra Civil inhumadas en la Cripta.
Restauración de la dignidad de 30.000 familias
El Ministerio de Justicia ha venido censando desde hace un tiempo el numero de personas inidentificadas en fosas comunes, cementerios y demás lugares de enterramiento en todo España en base a la Ley de Memoria Histórica. Concretamente en el Valle de los Caídos y según este censo se encontrarían los restos de un total de 33.833 personas, de los cuales más de la mitad están sin identificar. Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas -casi la mitad sin identificar- de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
La mayoría de estos restos fueron llevados al Valle de los Caídos entre 1959 Y 1983. En él se encuentra por ejemplo, los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás cuyos cuerpos fueron trasladados desde Calatayud donde fueron fusilados por las tropas fascistas en 1936 por su pertenencia a la CNT. El fusilamientos se produjo en el barranco de La Bartolilla y arrojados a una fosa común, sin que constase juicio con sentencia de muerte en base a la legislación del momento.
En base a la propia doctrina de los tribunales españoles «el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con independencia a la forma en la que falleció». Por tanto, y siguiendo esta lineal, el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial vino a reconocer en 2016 a los familiares de los dos represaliados el derecho a recuperar sus cadáveres para trasladarlos a su localidad natal
