La Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla ha emitido su informe anual sobre resoluciones y acuerdos adoptados contrarios a los reparos formulados, así como las omisiones en el trámite de fiscalización previa y otras anomalías en materia de ingresos durante el ejercicio 2024. El documento, al que ha tenido acceso este medio, alerta de la tramitación de expedientes sin fiscalización previa por valor superior a los 13 millones de euros.
La interventora municipal, Sara Hernández Ibabe, señala que estas irregularidades afectan a diversas entidades del Ayuntamiento, entre ellas la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), el Consorcio de Turismo, el Patronato del Real Alcázar y la Agencia Tributaria de Sevilla.
Entre los gastos no fiscalizados destacan importes superiores al medio millón de euros destinados al personal, servicios y suministros. En paralelo, el informe subraya que las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos de la Intervención alcanzan los 19 millones de euros, siendo la mayoría relacionados con el pago de productividades a la Policía Local.
Anomalías en ingresos y carencias en el control financiero
El informe también recoge dos anomalías en ingresos no tributarios que suman 647.457 euros, una detectada en el Patronato del Real Alcázar y otra en el IMD. Además, se lamenta la falta de personal especializado que impide a la Intervención llevar a cabo un control financiero más riguroso y exhaustivo.
En un segundo documento, en el que se resumen las actuaciones de control interno, la interventora denuncia la ausencia de resultados en los expedientes de control financiero iniciados, lo que impide proponer medidas correctoras efectivas.
Deficiencias estructurales en la gestión de personal
El informe retoma también deficiencias ya detectadas en 2021 en el ámbito de personal, y que continúan sin corregirse:
- Confusión entre productividad y gratificaciones, especialmente en la Policía Local.
- Duplicidad de complementos específicos no permitida por la legislación vigente.
- Complejidad extrema en la composición de nóminas, con hasta 64 conceptos retributivos distintos.
- Falta de racionalización en los recursos humanos, con puestos sin función clara o asignaciones arbitrarias.
- Descoordinación entre los entes dependientes y sociedades municipales, cada uno con su propia regulación laboral.
- Ausencia de sistemas eficaces de control horario y registro de horas extraordinarias.
- Alto índice de temporalidad en puestos estructurales.
Plan de acción pendiente
La Intervención reclama la adopción de medidas correctoras mediante un plan de acción estructurado, que aborde tanto las deficiencias detectadas como la necesidad de unificación y racionalización de las políticas de personal y control económico en todo el ámbito municipal.
