El PSOE y el PNV han pactado, en el marco del acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales.
Así, el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, junto con el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, han mantenido una reunión esta mañana en el Congreso de los Diputados.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales es una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos. De hecho, la no inclusión de esta modificación en el Estatuto de los Trabajadores provocó el voto en contra del PNV a la reforma laboral de Yolanda Díaz.
«Recordarán que este fue el escollo que nos impidió votar a favor de la reforma laboral, lo que entonces fue imposible pues ahora lo hemos conseguido», ha remarcado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras la firma del acuerdo con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Los vascos han aprovechado ahora las negociaciones con los socialistas, que necesitan los cinco votos del PNV para investir a Sánchez, para introducir esta prevalencia o prelación, que se introduciría mediante la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la concurrencia de los convenios.
Ya hay una ley registrada
Es más, en esta legislatura el PNV ya ha registrado una proposición de ley a este respecto, de manera que en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y asociaciones empresariales que sean legítimos puedan negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la CCAA «que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal».
Pero esto no sería en cualquier circunstancia. En su propuesta, el PNV quiere que esto suceda siempre que los convenios de las comunidades obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los acuerdos estatales.
Además, elementos como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica no serían negociables en el convenio autonómico.
La formación entiende necesaria esta medida para responder «de manera particular» al tejido y necesidades socioeconómicas específicas del territorio y siempre que la regulación pactada resulte más favorable para las personas trabajadoras.
