Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, compareció el pasado lunes ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para declarar por los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental que se le imputan. Tras varios intentos fallidos para comparecer, finalmente acudió a la cita judicial, aunque decidió no declarar, lo que prolongará la espera sobre su culpabilidad en los delitos reconocidos por su abogado en un correo dirigido a la Fiscalía.
El escándalo estalló el 2 de febrero de 2024, cuando se dio a conocer que González Amador estaba implicado en un entramado de evasión fiscal. La noticia desvió la atención hacia una presunta filtración de sus datos por parte del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde entonces, su abogado, Carlos Neira Herrera, ha asumido su defensa en diversas causas legales, lo que ha generado una serie de movimientos judiciales que incluyen demandas contra altos cargos del PSOE y Más Madrid.
Uno de los nombres clave en este entramado es Javier Luis Gómez Fidalgo, empresario leonés que ha representado a González Amador en sus disputas con la Agencia Tributaria. A través de sociedades como Babia SL, Gómez Fidalgo ha sido señalado como la conexión leonesa que facilitó el presunto fraude fiscal. Según la Fiscalía, el novio de Ayuso habría utilizado facturas falsas para justificar incrementos de costes y deducirse cantidades, lo que le permitió financiar lujos como el ático en Chamberí, donde vivía con la presidenta madrileña.
Además, el 21 de febrero, se conoció que la Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de 3 años y 11 meses de prisión para Carlos Neira Herrera, el abogado de González Amador, quien está acusado de estafa procesal y falsedad documental. Neira, conocido por su implicación en el caso de Rodrigo Rato, exministro y exdirector del FMI, se encuentra ahora en el ojo del huracán.
En paralelo, González Amador continúa su ofensiva judicial, interponiendo múltiples demandas contra periodistas y cargos públicos, incluidas varias figuras del PSOE y Más Madrid. Según sus abogados, el empresario busca compensaciones económicas por lo que considera difamaciones, acumulando ya una cifra cercana a los 435.000 euros en demandas. La situación judicial de González Amador sigue siendo un tema candente, con su futuro legal en el aire mientras se desarrollan las investigaciones.
