El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha presentado este martes el informe «La coordinación de parentalidad como nueva violencia institucional», un estudio que cuestiona la aplicación de esta figura en procesos judiciales, especialmente en casos con antecedentes de violencia de género o abuso infantil.
El estudio, financiado por el Ministerio y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis junto con la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, analiza 151 sentencias en las que se establece la intervención de coordinación de parentalidad. En un 15,26 % de ellas existían antecedentes de violencia de género, con procedimientos penales abiertos o incluso sentencias condenatorias. Además, un 4,63 % presentaba denuncias archivadas.
La coordinación de parentalidad se define como un método obligatorio de resolución de conflictos entre progenitores, aunque carece de regulación estatal, salvo en Navarra. Según el informe, su aplicación ha crecido, especialmente en comunidades como la Valenciana (45,99 %) y Cataluña (23,98 %), a pesar de que no existe una titulación oficial para ejercer como coordinador, lo que genera una importante inseguridad jurídica.
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha mostrado su preocupación por el uso de esta figura como herramienta para imponer custodias compartidas sin consenso, incluso en contextos de violencia. “La violencia de género no puede quedar ocultada bajo la etiqueta de ‘alta conflictividad’. Es momento de plantear una regulación clara que garantice la protección de mujeres y menores”, afirmó.
De hecho, en el apartado cualitativo del informe, se recogen testimonios de 34 mujeres y 6 jóvenes. En 13 casos, la guarda y custodia pasó de exclusiva materna a compartida tras la intervención de coordinación, a pesar de la existencia de antecedentes por violencia de género. Además, en seis situaciones se habían sobreseído denuncias por abuso sexual infantil, aunque existían indicios verbales o físicos claros.
El informe concluye que la coordinación de parentalidad reproduce patrones similares al desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP), alertando del riesgo que supone su aplicación en entornos donde hay indicios o constancia de violencia de género o sexual. El Ministerio de Igualdad aboga por establecer criterios unificados, formación especializada y una revisión normativa que excluya esta figura en contextos de violencia.
